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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA COMMUNITY PARTICIPATION AND SOCIAL CO-RESPONSIBILITY TO STRENGTHEN CITIZEN SECURITY José Alejandro Barrios josealejandrobarrios@gmail.com Universidad Bicentenaria de Aragua https://orcid.org/0000-0002-8151-8324 Recibido: 11 noviembre 2018 Aprobado: 20 enero 2019 |
El propósito de este artículo es presentar un Plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población de San Francisco de Asís del Municipio Zamora en el estado Aragua, que garantice a la comunidad estrategias para la participación en el diseño de planes de seguridad y prevención de la violencia. A través de la implementación y la transformación de los cuerpos policiacos y fortaleciendo el concepto de ciudadanía con la organización comunitaria. Se espera que este plan impulse la participación de las comunidades organizadas como agentes proactivos para la prevención del delito y la violencia. Esta investigación, metodológicamente, se apoyó en un estudio de campo. Se aplicó un diseño no experimental, de nivel descriptivo y la modalidad de proyecto factible. Se elaboraron dos cuestionarios, tipo escala de likert para ser contestados por los voceros(as) de los respectivos Consejos Comunales de San Francisco de Asís y las autoridades de la Comandancia Policial. De las conclusiones se desprende que hoy, más que nunca, se debe tomar en cuenta a la ciudadanía para el éxito y legitimidad de la acción pública, garantizando la participación ciudadana que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), reactivando e involucrando a la población en los asuntos de seguridad. Por ello, se recomienda crear grupos mancomunados de vigilancia, prevención y educación que, de manera conjunta con los consejos comunales, la policía y los ciudadanos exhorten al cumplimiento de las ordenanzas para combatir el crimen.
Palabras clave: corresponsabilidad comunitaria; seguridad ciudadana criminalidad.
This article’s propose is to present a Co-responsibility Community Plan in order to strengthen citizen security, in the town of San Francisco de Asís of the Municipality of Zamora in the Aragua state. For guarantee to the community the participation strategies to design a security and violence prevention plans. Through implementing the police body’s transformation and strengthening the citizenship concept with the community organization. It is expects that this plan boost the organized communities participation as proactive agents for crime and violence prevention. This research, methodologically, was support by a field study. A non-experimental design was apply, of the descriptive level and the feasible project modality. Two likers scale´s type questionnaires, were prepare to be answer by the Communal Councils of San Francisco de Asís spokespersons and the Police Command authorities. In conclusion, today more than ever, for the success and legitimacy of public action the citizens must be take into account. In order to guarantee the citizen participation established by the Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), reactivating and involving the population in security matters. Therefore, it is recommend creating surveillance, preventive and educational joint groups that, conjunctively with the communal councils, police and the citizens urging compliance with ordinances to fight crime.
Keywords: community co-responsibility; citizen security crime.
Con la Constitución de 1999 se introdujo bajo un nuevo Título, denominado “De la Seguridad de la Nación”, un concepto cuyo fundamento radicaría en el desarrollo integral y cuya defensa sería responsabilidad de las personas naturales y jurídicas establecidas dentro del espacio geográfico (Artículo 322 de la Carta Magna venezolana, 1999).
Por su parte, el artículo 326 de la Constitución desarrolla la seguridad como una corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil para cumplir con los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y defensa de los derechos humanos, así como para lograr la satisfacción progresiva de las necesidades de la población. Esta corresponsabilidad abarca los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.
Dentro de estos amplios enunciados se concibe la seguridad en una doble faz, una interna relacionada con la protección, principios, derechos y de cobertura de necesidades indefinidas aunque, cuando se indican las instancias garantes y los responsables operativos, el concepto se restringe notablemente. Y una externa, referida a la independencia, soberanía, integridad geográfica, cuya responsabilidad corresponde a la Fuerza Armada Nacional (Artículos. 328 y 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).
Por lo tanto, la seguridad ciudadana se refiere al mantenimiento y restablecimiento del orden público, el apoyo de la autoridad, la protección de personas, hogares, familias, al aseguramiento, disfrute de garantías y derechos constitucionales, cuya responsabilidad es de los cuerpos de policía, bomberos y defensa civil (Artículo 332 de la misma Constitución). No obstante, la Guardia Nacional (que desde 1950 forma parte de la Fuerza Armada Nacional) tiene como responsabilidad básica, según el artículo 329 de la Constitución, la conducción de operaciones para el mantenimiento del orden interno del país. Al respecto, el artículo 332 de la misma Constitución indica que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil, y mantener el orden es competencia concurrente entre el gobierno central y los gobiernos estadales y municipales.
Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), aunque en los artículos 164, n. 6, 178, n. 7 y 332 reconoce competencias estadales y municipales en materia policial, adopta un modelo de seguridad ciudadana con gran énfasis en el centralismo y en el componente militar, se ha tendido a concentrar la función policial dentro de un modelo vertical con gran pendiente hacia el control militar de la policía, pese a la retórica sobre su carácter civil. Sin embargo, las políticas sobre seguridad ciudadana no han merecido, en la última gestión presidencial, un tratamiento detallado. En el documento Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007/2013-2019, preparado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo (2007) se menciona “la restitución y fortalecimiento de lo público como espacio de apropiación por, del y para el interés colectivo (p. 92).
De la misma manera, agrega el Ente ministerial, según palabras de Gabaldón (2008), lo “público, reconstituido en un espacio de garantía del interés colectivo, se convierte así en un instrumento de poder ciudadano”. Es decir, un nuevo poder capaz de hacer valer legítimamente la participación de la sociedad, las comunidades y familias la formulación, ejecución y evaluación de decisiones públicas, además de la rendición de cuentas, indicándose como uno de sus objetivos estratégicos, la “apropiación de lo público como espacio del interés colectivo y construcción de la ciudadanía” (p. 101). Esta expansión pareciera guardar relación con la extensión del espacio del Estado, antes que con la ampliación del espacio público de control social como ámbito sujeto a la transparencia y al seguimiento ciudadano que, para ser efectivo, requiere un nivel local y no centralista de gestión.
El concepto de seguridad ciudadana, según Gabaldón (2007), pareciera deducirse cuando se indica que dicha garantía se lograría con “la superación de los desequilibrios macrosociales y el desarrollo de estrategias preventivas, control del delito y reestructuración del sistema penitenciario, con elevada participación de la familia, los medios de comunicación y la escuela” (s/p). En este sentido, cuando se abordan los principios de la política para la prevención y combate del delito y el aseguramiento de la tranquilidad ciudadana, se plantea el fortalecimiento de la coordinación policial, el incremento de la participación ciudadana en la prevención y control del delito y la modernización de los sistemas de la protección policial de los ciudadanos y de los hogares.
Las estrategias (op. cit.) incluyen prevención hacia la comunidad, organización de seguridad comunitaria y ampliación de cobertura y calidad del servicio policial (p. 113). Resulta que el problema de la seguridad ciudadana, en la óptica gubernamental, requiere ocuparse, por una parte, de la reducción de la desigualdad social y el incremento del empleo y, por la otra, del fortalecimiento de la policía, en particular, de su sistema de coordinación e inteligencia, para el cual se contaría con la participación ciudadana. A pesar de que la familia, la escuela y los medios de comunicación son mencionados dentro del concepto más general de seguridad ciudadana, no hay dentro de las estrategias y las políticas medidas específicas que tomen en cuenta estas instancias dentro de un modelo preventivo. Por consiguiente, se coloca como común denominador de la delincuencia la desigualdad socioeconómica y se plantea como estrategia fundamental el fortalecimiento y centralización de la policía como mecanismo de disuasión en conjunto con la ciudadanía (op. cit.).
En este estudio, tomando en cuenta las consideraciones expuestas, se planteó proponer un Plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población de San Francisco de Asís del Municipio Zamora en el estado Aragua, por cuanto en la comunidad citada las políticas de control de la criminalidad no han encontrado un marco para la discusión entre los actores sociales que permita alcanzar niveles deseables de prevención y disminución del delito, al contrario, cada día son mayores los escenarios de criminalidad en el sector. Este no es un tema que tenga que ver solo con normas jurídicas, sino con pautas culturales y organizacionales, por tal motivo, se necesita conocer ciertos aspectos: comprender mejor la construcción de la seguridad, definición de la ciudadanía y el desempeño de la corresponsabilidad comunitaria en la reducción de la violencia. Para complementar el desarrollo del estudio, se consideraron las siguientes teorías: Teoría de la Exclusión Social, Teoría de la Participación Ciudadana y Teoría del Delito, las cuales apoyaron al autor para el diseño de la propuesta. Este proyecto de trabajo de investigación, por lo tanto, se sustentó en la línea de investigación institucional de la Universidad Bicentenaria de Aragua denominada “Estado, Sociedad y Desarrollo” y contempla los siguientes capítulos:
• Contexto empírico: se exponen la caracterización del objeto de la investigación y los objetivos tanto general, como específicos.
• Contexto teórico: constituido por los antecedentes, teorías de entrada, aspectos conceptuales y fundamentación legal.
• Contexto metodológico: se recogen el tipo de investigación, población y muestra, sistema de variables, técnicas e instrumentos de recolección de la información y procedimiento seguido.
• Contexto crítico: conclusiones y recomendaciones.
En este artículo se propone un Plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población de San Francisco de Asís, del Municipio Zamora (Aragua-Venezuela). Nace como una inquietud particular al hacer un sondeo de carácter informal con la observación directa en el sitio en el que se evidenciaron altos índices de criminalidad en la parroquia. Según detalles ofrecidos por los vecinos, constantemente, hay robos a establecimientos comerciales y al ciudadano común; ajustes de cuentas entre bandas con víctimas como daños colaterales.
Las causas son diversas, tal y como lo señalan los mismos habitantes de la comunidad: no existe personal policial suficiente para atender a toda la población. Por otro lado, la influencia que tienen los factores políticos, en los cuerpos policiales, aún no estando en el gobierno, es significativa, lo cual hace crecer la desconfianza en su accionar.
Para los vecinos de San Francisco de Asís, la falta de recursos instalados para identificar a los autores de los delitos, el miedo a las represalias porque piensan que los cuerpos policiales están infiltrados y corrompidos son factores que dificultan su accionar. Esa ausencia de denuncias hace difícil, a los que dirigen los cuerpos policiales, tener una verdadera idea de cuál es la realidad delictual y cómo atacarla. En relación con la comunidad y su corresponsabilidad en la seguridad ciudadana y prevención del delito en la zona, comentan los residentes que no hay un cuerpo mancomunado de vigilancia preventivo y educativo que invite a cumplir las ordenanzas ni por las Comunas ni por medio de los Consejos Comunales, con los comerciantes y demás vecinos, tampoco ha sido instaurado sistema alguno de identificación y prevención de delitos, controlado por la comunidad organizada, como cámaras, sistemas de alarma, cornetas, pitos, entre otros.
Otra de las causas mencionadas es que no se invita a un voluntariado vecinal a contrarrestar la delincuencia y fomentar el respeto a las ordenanzas que periódicamente acompañe a la brigada canina y cree puntos de atención y educación ciudadana, por medio de folletos, charlas, recolección de ideas, propuestas, incorporación de nuevos voluntarios; no se minimizan las situaciones que propicien delitos, alcohol, drogas, indigencia, suciedad; no se fomentan actos sociales que permitan hacer vecindad, el saludo, el compartir, que todos los vecinos se conozcan, se protejan, tener como cultura la compañía y minimizar el traslado por las calles en forma solitaria y anónima.
En consecuencia, se afecta la calidad de vida al trastocarse las relaciones humanas. Duk-Escóbar (2017) afirma que “perturba la vida en comunidad, aumenta la desigualdad (el que puede compra seguridad), debilita la confianza en las instituciones, la democracia, la libertad y la ley” (s/p). Según el autor, amenaza a la credibilidad de la democracia por la sensación de que ésta nada puede hacer frente a la inseguridad. Conocer las medidas de prevención, conservar la calma, informar lo antes posible a los servicios competentes y seguir sus indicaciones son claves para responder con éxito a una situación de emergencia. Lo que genera la necesidad de reforzar la prevención desde lo social para que impacte en los factores promotores de la violencia y el conflicto, a través de acciones de integración y participación directa y real de la comunidad, con la conformación de nuevos agentes de control, para la resolución de conflictos y el control de la gestión.
Considerando lo expuesto, se propone un programa para la participación comunitaria y corresponsabilidad social que fortalezca la seguridad ciudadana en la Parroquia San Francisco de Asís, en el Municipio Zamora, del estado Aragua, por cuanto hoy más que nunca debe tomarse en cuenta a la ciudadanía para el éxito y legitimidad de la acción pública, garantizando la participación ciudadana que prevé la Constitución, reactivando y promoviendo las redes sociales e involucrando a la población en los asuntos de seguridad (diseño y evaluación de planes, rendición de cuentas, entre otros) para garantizar soluciones adecuadas en cuanto a la criminalidad y prevención delictiva se refiere.
Ello generó la inquietud de dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Es necesario un plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población San Francisco de Asís del Municipio Zamora en el estado Aragua? ¿Cuál es la realidad en la población de San Francisco de Asís en relación con la existencia de planes de seguridad ciudadana? ¿Puede la corresponsabilidad social servir de estrategia de seguridad ciudadana, identificando sus beneficios, limitaciones y riesgos en la población de San Francisco de Asís? De las interrogantes se generaron los siguientes objetivos de la investigación:
Objetivo general:
Proponer un Plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población de San Francisco de Asís del Municipio Zamora en el estado Aragua.
Objetivos específicos:
• Identificar las teorías que fundamentan el estudio: Teoría de la Exclusión Social, Teoría de la Participación y Teoría del Delito.
• Diagnosticar la realidad en la población de San Francisco de Asís en relación con la implementación de planes de seguridad ciudadana.
• Caracterizar la corresponsabilidad social como estrategia de seguridad ciudadana, mediante la identificación de sus beneficios, limitaciones y riesgos.
• Diseñar un plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población San Francisco de Asís del Municipio Zamora en el estado Aragua.
Contexto teórico
La exclusión social, tal y como lo expone Nun (2013), es un proceso “multidimensional y politizable” (s/p), por cuanto se generalizan “los riesgos de caer en las zonas de vulnerabilidad, tiene causas y consecuencias políticas, económicas, culturales y temporales, puede y debe atajarse desde las políticas públicas, las prácticas institucionales e incluso la acción colectiva”. Se refiere a las situaciones de exclusión provocadas por causas ajenas al individuo o al colectivo, ya que existe autoexclusión voluntaria derivada del aislamiento, la desviación, la diferenciación o la resistencia a la integración que se escaparían a las coordenadas del sistema. No obstante, en muchas de las decisiones que se califican de voluntarias, se deberían analizar en profundidad hasta qué punto incide cierta externalidad al sujeto y sus implicaciones a largo plazo (op. cit.). De la misma manera, Prieto (2014) afirma que: “El término exclusión social se identifica como un eufemismo para no emplear la palabra pobreza, por las connotaciones peyorativas y estigmatizantes que conlleva” (p. 6). Según lo anterior, la exclusión social en sus distintas manifestaciones tiene sus raíces en agentes y factores sociales, lo que de modo implícito implica que la solución solo puede venir del conjunto de la sociedad, afrontando cada uno en los niveles y funciones que le corresponda su parcela de responsabilidad.
Para Guillen, Sáenz, Badii y Castillo (2009) “la participación ciudadana es la búsqueda que hace el ciudadano para lograr una mejor calidad de vida, es la respuesta a las promesas incumplidas y al mismo tiempo es el despertar de una sociedad dormida”. Explican que las sociedades modernas deben “buscar ejercer el derecho a la participación, brincar las trancas que ponen día con día las administraciones burocráticas, deben encontrar un cambio de actitud en los representantes, independientemente del nivel que sean”. Sostienen también que:
La participación es un derecho, que no por ser común para nosotros, todas las sociedades lo atesoran. Por lo tanto, si nos consideramos ciudadanos de un mundo moderno, debemos ejercer todas esas libertades que nos brinda el habitar un espacio de la tierra en vías de la democracia.(p. 192)
Por su parte, Correa-Ríos (1998) indica que la participación ciudadana existe cuando “hay sociedades inteligentes, cuando hay ciudadanía fortalecida, cuando se generan conflictos que efectivamente la ciudadanía logra o gana la posibilidad efectiva de participar (p. 6). Surge como una respuesta a la ineficiencia de las administraciones para resolver los problemas que se plantean desde el ámbito social (op. cit.) y “se levanta como un factor estratégico que puede afianzar la gobernabilidad y la democracia”. Tiene que ver con el desarrollo humano, un acto que denota solidaridad, humanismo, tolerancia, subsidiariedad y otros valores de trascendencia fundamental en el individuo, para que este busque como fin primordial, el conseguir un nivel de vida adecuado para los demás.
Tal y como lo expone Pacheco-Mandujano (2013) “es un instrumento conceptual para lograr una aplicación racional de la ley penal a un caso concreto” (p. 7). Este autor afirma que:
Es la teoría de aplicación de la ley penal. Establece un orden para plantear y resolver problemas de aplicación de la ley penal, mediante un método analítico va a separar los distintos problemas en niveles o categorías: acción¸ tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Realiza la mediación entre la ley y los hechos (material al que se aplica la ley). (p. 9)
Esta teoría adquiere su legitimación porque permite una aplicación racional de la ley con la división de los delitos en categorías o niveles lo que facilita la acción de aquellos que deben aplicar la ley y sus reglamentos.
La corresponsabilidad comunitaria en Venezuela se apoya en la participación ciudadana, y es un elemento que se encuentra consagrado en la Carta Magna en distintas acepciones ya sea como principio, derecho, deber, espacio o instancia y como proceso sociopolítico; es así, como incluso en el preámbulo de la misma se observa: “con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa, y protagónica”, con lo cual se cambia la tradicional concepción del Estado venezolano que como lo señalaba la Constitución de 1961 declaraba una democracia representativa. Ya en el desarrollo del articulado constitucional se tiene que la participación es una característica propia del sistema de gobierno venezolano, es así como en el artículo 5 se establece que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que le componen es y será democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.
Al mismo tiempo, en la selección de los derechos políticos por un lado señala en el artículo 62 que “todos los ciudadanos tienen derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes electos”; y por el otro, establece los medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de la soberanía, entre los cuales están las elecciones de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas, constitucionales y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, cuyas decisiones se consideran vinculantes; en el ámbito social y económico se consideran medios de participación, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y solidaridad (artículo 70).
En su concepción de participación como deber, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 132 expresa que “toda persona tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades sociales y participar de manera solidaria en la vida política y comunitaria”. La corresponsabilidad comunitaria reflejada en la participación ciudadana a través de la Constitución se pretende repartir en los distintos niveles del Poder Público, a nivel municipal por ejemplo, el artículo 168 señala:
El gobierno local debe de acuerdo a sus competencia incorporar la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna lo cual se afianza en el desarrollo de la participación y el mejoramiento en general de las condiciones de vida de la comunidad.
En tal ámbito de ideas, el Estado se plantea la corresponsabilidad ciudadana, a través de la participación como deber, que en su sentido general se entiende como “aquello a que se está obligado”. En estos términos el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece que “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana”, al mismo tiempo que se señala el deber de participación de los ciudadanos y en los programas destinados a la prevención, seguridad y administración de emergencias a través de medios que se complementen en una ley especial. En el sentido de deber ciudadano y en torno a la participación política, el artículo 62 establece que:
Los ciudadanos tienen por un lado el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente por medio de sus representantes elegidos y por otra el deber de facilitar la generación de las condiciones más favorables la práctica de la participación
Tomando en cuenta lo anterior, proponer un Plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población de San Francisco de Asís del Municipio Zamora en el estado Aragua, cumple de manera directa con lo señalado.
En lo que respecta al proceso penal venezolano, el principio de participación ciudadana ha contribuido eficazmente en la aplicación de una justicia cada vez más legítima, transparente y eficaz dentro del contexto de la sociedad democrática que propugna el texto constitucional, pues la participación de los ciudadanos permite que el juzgamiento de las personas procesadas por delitos se haga desde una óptica social común, que garantice decisiones imparciales y transparentes (Núñez, 2007).
En este sentido, debe referirse que normalmente cuando se habla del tema de la participación ciudadana en el sistema de justicia penal suele llegar al pensamiento la figura de los tribunales con jurados o jueces escabinos, es decir, la figura de aquellos ciudadanos comunes que sin ser profesionales del Derecho deciden conjuntamente con el juez o jueza profesional sobre la culpabilidad o no del procesado. Correa-Ríos (1998) afirma que:
La participación ciudadana apreciada bajo los esquemas clásicos que evocan la idea de los tribunales con jurados y escabinados, o el control social indirecto que se ejerce con la presencia del público en los juicios, tiene que ser reflexionada, reestructurada y transformada. (p. 9)
Ello con base en lo que es nuestra historia social, cultural y política, adaptándose a los lineamientos del nuevo paradigma de Estado que recoge la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. No en vano el haber desconocido la esencia como pueblo, con cultura e idiosincrasia propia, enseñó luego de trece años y cinco reformas desde la vigencia de la ley procesal penal, que la sociedad no estaba aún preparada para estas formas de participación directa que imponen los tribunales con jurados y con escabinos, pues sin desconocer su importancia en otros sistemas procesales penales, en este los mismos representaron un factor de retardo procesal, el cual fue incluso reconocido por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual en su oportunidad precisó:
…La constitución de los tribunales con escabinos en el proceso penal venezolano, ha generado en muchas causas retrasos injustificados en donde se ha visto perjudicado el justiciable; quizás esa circunstancia se deba a la connotación eminentemente social que se le ha conferido al proceso penal, a diferencia de los procedimientos civiles, mercantiles, laborales o administrativos, pues el proceso penal, al tener como objeto los conflictos generados por hechos punibles (...) tiene un impacto en la conciencia social mucho mayor que aquellas otras formas de procesos. En efecto, por la ausencia de la participación ciudadana –en la mayoría de los casos– en el proceso penal venezolano, se han retrasados en muchas ocasiones la justicia, lo cual ha constituido una fuente de dilación judicial. (Sentencia N° 1798, de fecha 20 de octubre de 2006)
La anterior afirmación en ningún momento busca o pretende desconocer la importancia de la participación del pueblo en la administración del sistema de justicia penal. Lo que se quiere con estas consideraciones es acoplar o redireccionar, conforme al mandato constitucional, el principio de participación popular en el sistema de administración de justicia, de acuerdo con nuestras necesidades y cultura como sociedad.
La seguridad ciudadana, en el ámbito de los órganos del estado y de las políticas que deben propender a proteger los derechos y la convivencia pacífica, según Gabaldón (2007), tiene “estrecha relación con las conductas humanas lesivas de derechos e intereses y disruptivas de la cooperación social de mayor gravedad, esto es, las infracciones penales”. De aquí la relevancia de los diagnósticos y propuestas sobre las tendencias delictivas en materia de políticas estatales para la seguridad ciudadana. En este ámbito de ideas, puede entenderse por criminalidad, según el citado autor, por “el conjunto de ocurrencias delictivas registradas en una jurisdicción en un momento determinado” (op. cit.). Estas pueden determinarse mediante registros oficiales, como estadísticas policiales, judiciales, penitenciarias, de salubridad pública, y registros no oficiales como los de organizaciones de protección de los derechos humanos, de empresas, así como de las encuestas de victimización y de auto-revelación, que exploran entre víctimas y victimarios las tendencias, constantes y modalidades de la actividad delictiva.
De la misma forma, para Gabaldón (2008), delincuencia y criminalidad se consideran como sinónimos, pues la legislación no establece ninguna distinción conceptual entre delitos y crímenes, si bien estos últimos tienden a asociarse a las formas más graves de delincuencia. En torno a las políticas de seguridad se pueden entender las actividades planificadas, dirigidas o coordinadas por el Estado para identificar la problemática delictiva y para adoptar medidas tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad (op. cit.). Para los efectos de este estudio es conveniente revisar algunos de los planes e iniciativas gubernamentales para el control de la delincuencia y la criminalidad por parte del estado, así como los planes específicos que se han adoptado en los últimos años para enfrentarlas, especialmente en el ámbito urbano (Gómez-Rojas y Baracaldo-Méndez, 2007). Resulta sorprendente observar que pese a la relevancia que adquiere en el texto constitucional el concepto de seguridad ciudadana como protección de derechos y garantías y como satisfacción de necesidades, en los documentos oficiales dedicados a definir la acción de gobierno, el tema merece un trato más bien lateral y escaso.
Al respecto, Moreno (2004) sostiene que:
Cuando el Estado se refiere a la criminalidad, su enfrentamiento se asume como una política integral que comprende, por una parte, la reducción de las desigualdades sociales, el incremento del nivel de empleo y la atención a los grupos sociales relativamente más pobres, y por la otra, una política específica para la prevención y combate de la criminalidad y la violencia. Cuando se abordan los principios de esta política para la prevención y combate del delito y el aseguramiento de la tranquilidad ciudadana, se plantea el fortalecimiento de la coordinación policial, con la creación de centros de Coordinación de Inteligencia, el incremento de la participación ciudadana en la prevención y control del delito y la modernización de los sistemas de la protección policial de los ciudadanos y de los hogares. (p. 145)
La revisión anterior permite concluir que si bien a nivel constitucional y legal la seguridad ciudadana y el control delictivo han merecido atención a través de normas expresas y a pesar de que los documentos gubernamentales, de alguna manera, se refieren al problema en términos de control policial, mejoramiento social e incremento del sentido de lo público y la participación, estos enunciados no parecen haber sido acompañados por medidas congruentes, articuladas, con objetivos y evaluables a fin de determinar el impacto en el control de la criminalidad. La criminalidad, especialmente la de índole violenta, ha venido aumentando de manera sostenida desde hace, al menos, treinta años y los planes operativos urbanos centrados en la presencia policial ostensiva e intensiva no parecen haber producido mayor impacto en dicha reducción.
Esta investigación se apoyó en un estudio de campo, diseño de estudio no experimental. La modalidad se enmarcó en el proyecto factible. El paradigma fue cuantitativo. Vale destacar que se trabajó con el 30% de la población escogida, se seleccionaron diecinueve sujetos, a través de una muestra que correspondió al tipo no probabilística e intencional. Fue empleada la encuesta como técnica de recolección de datos con apoyo de un cuestionario. La validación del instrumento seleccionado para recabar la información consistió en un cuestionario a ser aplicado, a manos del criterio o juicio de tres expertos: (1) Experto en metodología y (2) expertos en contenido; estos determinaron y verificaron que el instrumento reunía los requisitos suficientes en cuanto a diseño y contenido, a los efectos de ser considerado válido y confiable, en consecuencia, apto para ser aplicado. Se estimó la confiabilidad para el instrumento con escala tipo likert, mediante el cálculo del coeficiente de Alpha de Cronbach, obteniéndose un resultado de 0.84.
Resultados y discusión
Los resultados fueron organizados y clasificados en cuadros de frecuencias y porcentajes que se presentan a continuación.
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Item |
Descripción |
S |
CS AV CN N |
Total |
S |
CS |
AV |
CN |
N |
Total |
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|
Sub indicador: Planes y actos sociales |
f |
f f f f |
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% |
% |
% |
% |
% |
Total |
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1 |
Fomentan actos y planes sociales que permitan hacer vecindad, el saludo y compartir |
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14 2 Sub indicador: Acciones |
16 |
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88 |
12 |
100% |
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2 |
Diseñan acciones para que los vecinos se conozcan, se protejan, tener como cultura la compañía y minimizar el traslado por las calles en forma solitaria y anónima |
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10 6 Sub indicador: Recursos |
16 |
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63 |
37 |
100% |
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3 |
La comunidad maneja recursos para la seguridad ciudadana |
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15 1 |
16 |
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94 |
6 |
100% |
El subindicador planes y actos sociales refleja las respuestas emitidas por el 88%, que expresó que casi nunca se fomentan actos y planes sociales que permitan hacer vecindad entre los pobladores; el saludo, el compartir no se pone en práctica. El resto de los encuestados, el 12%, se inclinó por la alternativa nunca.
Con respeto al subindicador Acciones, el 63% respondió que casi nunca en la comunidad de San Francisco de Asís se diseñan acciones para que los vecinos se conozcan, se protejan, tener como cultura la compañía y minimizar el traslado por las calles en forma solitaria y anónima. El 37% de los encuestados expuso que nunca esta situación se practica.
Tomando en cuenta los resultados del subindicador Recursos, en este caso, el 94% de los encuestados manifestó que casi nunca la comunidad de San Francisco de Asís, a través de las organizaciones comunales, maneja recursos para la seguridad ciudadana, el resto de los encuestados, es decir el 6%, expuso que nunca se gestionan estos recursos, ya que para la seguridad ciudadana no se manejan partidas en la localidad. Tal y como puede evidenciarse, los resultados reflejan que la comunidad de San Francisco de Asís y sus residentes no son activos en lo relacionado a la gestión de acciones en las que se impulse la seguridad ciudadana mediante la participación de los actores sociales y fuerzas vivas del sector.
Se requiere superar, a través de la participación comunitaria, los problemas que generan violencia, y las formas de convivencia que no contribuyen sustantivamente en la superación de los mismos. Igualmente en la comunidad no plantea objetivos que impulsen la participación protagónica del pueblo en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad, en relación a ello, se exige que la comunidad sea partícipe y sujeto de la transformación de su realidad concreta, produciendo nuevo conocimiento, que determine nuevas formas del hacer, a partir de la acción colectiva y en función de prevenir y protegerse de la delincuencia.
Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión Condiciones de Vida. Indicador: Factores de Riesgo
Cuadro 2
Distribución de frecuencias y porcentajes según la dimensión Condiciones de Vida
Indicador: Factores de Riesgo
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Descripción |
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CS AV CN N |
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CN |
N |
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Sub indicador: Económicos |
f |
f f f f |
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% |
% |
% |
% |
% |
Total |
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4 |
Los problemas económicos son un factor de riesgo en la conducta delictiva |
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12 4 2 Sub indicador: Educativos |
16 |
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75 |
|
25 |
100% |
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|
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5 |
La falta de educación en una comunidad genera delincuencia |
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11 3 2 Sub indicador: Culturales |
16 |
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69 |
19 |
12 |
100% |
|
6 7 |
La cultura de prevención del delito disminuye la delincuencia en una comunidad La carencia de actividad laboral en la familiaes un factor de riesgo para el delito |
12 |
2 2 Sub indicador: Laborales 13 3 |
16 16 |
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75 82 |
13 18 |
12 |
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100% 100% |
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Los resultados presentados, relacionados con la distribución de las frecuencias y porcentajes según la dimensión: Condiciones de Vida e Indicador: Factores de Riesgo, al respecto del subindicador: Económicos, reflejan las respuestas emitidas por el 75% que opinó que Algunas Veces los problemas económicos son un factor de riesgo determinante en la conducta delictiva reflejada en la comunidad; el otro 25% manifestó que nunca este aspecto incide en el las conductas involucradas con el delito.
De la misma forma, y en relación con el subindicador: Educativos, el 69% mencionó en el cuestionario que algunas veces la falta de educación en una comunidad genera delincuencia en algunos de los residentes de San Francisco de Asís; por otro lado, un 12% opinó que nunca. Al observar los resultados del subindicador: Culturales, un 75% de la muestra escogida respondió que Casi Siempre la cultura de prevención del delito disminuye la delincuencia en una comunidad; un 13% opina que Algunas Veces y el 12% Casi Nunca.
Finalmente, al tomar en consideración los resultados del subindicador: Laborales, en este caso, el 82% de los voceros de los consejos comunales seleccionados como muestra manifestaron que Casi Siempre la carencia de actividad laboral en la familia representa un factor de riesgo para cometer delitos en la comunidad de San Francisco, un 18% piensa que ello puedo ocurrir Algunas Veces.
Puede destacarse que al considerar la posibilidad de la existencia de una relación entre los niveles de delito y la actividad laboral o el desempleo, es posible partir desde la preconcepción de que la correspondencia entre ellos es directa. Sin embargo, es claro que la vinculación entre ambas no está del todo clara sino que es una arista más dentro de un panorama más complejo que abarca pobreza, exclusión y desigualdad, que en algunos casos conlleva a la delincuencia. Aunque se prefiere relacionar el delito con un concepto más complejo del que el desempleo forma parte, que es la brecha entre ricos y pobres. Si no hay redistribución progresiva del ingreso y no bajan los índices de pobreza, el delito no tendrá solución.
En la pobreza, exclusión social e inequidad no se visualiza una relación clara entre desempleo y delito. Al respecto, la distribución del ingreso se afianza como desencadenante y en tal contexto, lo mejor es tratar de reducir la exclusión y la desigualdad en la distribución del ingreso, ya que es clave para atemperar el crecimiento del delito. Si bien es cierto que variaciones en la tasa de desempleo generan movimientos en las tasas de delincuencia, la desocupación tiene efectos contradictorios que inhiben y motivan el delito.
Lo importante es que las comunidades tienen que educarse, formarse para ser ciudadanos dignos, defensores de su cultura local, regional y nacional, respetando los deberes y hacer valer, a través del respeto, los derechos de los demás. La prevención del delito se fundamenta en la educación y la participación de las comunidades; en ello tienen corresponsabilidad directa, no solo para erradicar la delincuencia, sino para impulsar la seguridad ciudadana en las localidades.
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Item |
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Sub indicador: Garantía Carta Magna |
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La carta Magnaimpulsa la Corresponsabilidad Comunitaria en la Seguridad Ciudadana |
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Sub indicador: Principios |
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El principio de la integración comunitaria convoca a los vecinos para la convivencia y la seguridad ciudadana en la localidad |
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Sub indicador: Opinión |
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La opinión de la comunidad es necesaria, pues es la directamente afectada por los problemas y beneficiada por los resultados de las acciones para la seguridad ciudadana |
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Los resultados presentados en el cuadro 3, relacionados con la distribución de las frecuencias y porcentajes según la dimensión: Participación e Indicador: Protagónico, el subindicador: Garantías de la Carta Magna, reflejan las respuestas emitidas por el total de los voceros del consejo comunal, es decir, el 100%, que opinó que la carta Magnaen su texto siempre impulsa la Corresponsabilidad Comunitaria para la Seguridad Ciudadana.
En el subindicador: Principios, representado en el mismo cuadro 3, también la totalidad de la muestra escogida, es decir, el 100%, manifestó que el principio de la integración comunitaria en la actualidad Siempre convoca a los vecinos y vecinas para la convivencia y la seguridad ciudadana desde las comunidades.
Finalmente, el resultado del subindicador: Opinión refleja que el 100% de los encuestados expone que siempre la opinión de la comunidad es necesaria, pues es la directamente afectada por los problemas y beneficiada por los resultados de las acciones para la seguridad ciudadana.
Tal y como puede observarse los resultados revelan que al menos la muestra seleccionada está consciente de la existencia de mecanismos y herramientas legales que invitan a implementar acciones de corresponsabilidad comunitaria en función de promover la seguridad ciudadana en la localidad de San Francisco de Asís.
El origen de la delincuencia es multifactorial en las comunidades, San Francisco de Asís no escapa a tal situación. Es un problema que no se resuelve solo con los cuerpos de seguridad del Estado, alcabalas, represión o con policías. Es un problema de valores, de una descomposición social, exclusión, desempleo, falta de educación, cultura, ello ha generado patrones de consumismo que inclinan a delinquir.
La violencia y la delincuencia no solo se combaten con armas, sino con educación, cultura y conocimiento. La prevención del delito es una de las obligaciones fundamentales del Estado, tarea que ejecuta a través de los órganos de seguridad ciudadana. Así lo dispone el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; sin embargo, los ciudadanos pueden participar en programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias.
Otro mecanismo constitucional que permite la participación de los ciudadanos son los medios alternativos de justicia, que constituyen un método idóneo para solventar disputas y problemáticas que no revistan carácter penal sin vulnerar las competencias jurisdiccionales. Ello significa conocer el conflicto y propiciar su solución antes de que la situación se agrave y se convierta en delito, en cuyo caso, obligatoriamente, debe acudirse a la penalización a través de un juez profesional, con todos los requisitos y parámetros establecidos por el ordenamiento legal.
La legislación contempla los medios alternativos para la resolución de conflictos. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, de fecha 2 de mayo de 2012, es una forma de fomentar la participación popular por vía de los consejos comunales, en solventar los problemas derivados de la convivencia. Se debe propiciar en todos los ámbitos la unión entre los órganos del Poder Público y la sociedad, mediante los esfuerzos mancomunados dirigidos a alcanzar los objetivos de cumplir y garantizar los postulados contenidos en la Carta Magna.
Dimensión: Intervención Comunitaria Indicador: Toma de conciencia Distribución de frecuencias y porcentajes según el Indicador: Toma de Conciencia. Subindicadores: Sistema, Voluntariado, Organización y Plan de desarme
Cuadro 4
Distribución de frecuencias y porcentajes según el indicador: Toma de Conciencia.
Para finalizar y según los resultados presentados en el cuadro 4, relacionados con la distribución de las frecuencias y porcentajes según la dimensión: Intervención Comunitaria e Indicador: Toma de Decisiones, al respecto, el subindicador: Sistema, refleja las respuestas emitidas por la muestra escogida de funcionarios en la Comandancia de San Francisco de Asís. En este sentido, el total de los encuestados, es decir, el 100% respondió que la prevención de delitos nunca ha sido controlada por la comunidad de manera organizada, ni con cámaras, ni sistemas de alarma, ni cornetas, pitos u otros mecanismos.
En este orden de ideas, y en relación con el subindicador: Voluntariado, presentado en el mismo cuadro, también la totalidad de la muestra escogida, es decir, el 100%, manifestó que Casi Nunca la comandancia de San Francisco de Asís apoya a la comunidad y voluntariado a instaurar un sistema de identificación y prevención de delitos. De la misma forma, los resultados presentados en el subindicador: Organización, muestran que también la totalidad de los sujetos encuestados, es decir, el 100% manifestó que Nunca la comandancia le ha ofrecido apoyo a la comunidad para que se organice con cámaras, sistemas de alarma, cornetas, pitos, entre otros.
Finalmente, los resultados presentados en el subindicador Plan de desarmes, el 100% de la muestra opina que nunca en la comandancia se gestionan acciones para planes de desarme con comerciantes, y demás habitantes de la zona. Tal y como se puede observar en los resultados, la comunidad de San Francisco de Asís reclama mayor atención de parte de las autoridades involucradas en la seguridad del ciudadano. Sin embargo, parece no ser prioridad en la comandancia de la localidad mejorar la planificación y organización de accionesde prevención del delito junto a los pobladores que día a día ven con temor el aumento de la criminalidad en el sector, caracterizado en robos, muertes, hurtos, extorsión y secuestros.
En este sentido, la participación social debe ser considerada como parte de este proceso, en el que participar significa, en cierto modo, compensar las deficiencias del Estado, cuyos recursos son escasos y no se encuentra en condiciones de satisfacer necesidades colectivas, por lo cual debe recurrir a la cooperación de los particulares.
La participación y corresponsabilidad ciudadana, se puede decir que en la historia de la humanidad, fue la primera forma de control social, por lo tanto no es algo nuevo. La participación ciudadana en la prevención del delito ha tenido muchos ejemplos, algunos de los cuales han dado lugar a situaciones confusas en las que los vecinos se creen con la obligación o el derecho de ejercer funciones de vigilancia, que luego degeneran en cuerpos corporativos locales, con los consiguientes excesos.
En otros casos, la policía abusa del objetivo que se persigue con la relación policía-comunidad; simplemente manipula a los ciudadanos para continuar o reforzar la misión de la policía tradicional y obsoleta. También surge el inconveniente de la gente que se siente el derecho de influir en el proceso policial a cambio de su participación y apoyo, además de las concesiones un tanto deshonestas que desvían la verdadera razón de una participación cuyo fin principal es que exista coordinación entre ambas partes, planificación en tareas preventivas y la capacitación al ciudadano para que sepa cuidarse.
Hay una gran ventaja en el control participativo, en el que la policía debe rendir cuenta a los vecinos de los resultados de su trabajo, estimulando también una mayor comunicación y vinculación de los agentes policiales para que se sientan parte del sistema local. Es necesario que exista una policía menos reaccionaría y más proactiva y una población más colaboradora con la institución encargada del orden. De este modo, la gente asume un sentimiento de territorialidad, vinculándose más a su ambiente con la posibilidad de vivir más tiempo en la zona, permitiendo el nacimiento y funcionamiento de líderes positivos de grupos, facilitando los procesos de identidad.
Los resultados permitieron conocer la necesidad de la propuesta del Plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población de San Francisco de Asís del Municipio Zamora en el estado Aragua. A continuación se presentan las conclusiones derivadas de la investigación.
• Se identificaron y describieron varias teorías que fundamentaron el estudio: Teoría de la Exclusión Social, Teoría de la Participación y Teoría del Delito. Al respecto, según el texto, la Teoría de la Exclusión Social, en buena parte, es un reflejo de la configuración de las desigualdades en el contexto actual de transición hacia la sociedad del conocimiento. En este sentido, se transforma y adquiere una nueva naturaleza en las emergentes sociedades tecnológicas avanzadas, donde la vieja sociedad industrial en su fase madura presenta polarizaciones unidimensionales, lineales, generadas por la lógica de clase, que no llegan a romper los parámetros básicos de la integración social. Por lo tanto, la exclusión implica fracturas en el tejido social, la ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración y, en consecuencia, la aparición de una nueva escisión social en términos de dentro/fuera.
• Al desarrollar en el estudio la Teoría de la Participación Ciudadana puede concluirse que es una herramienta fortalecedora del régimen democrático, contribuye con el desarrollo de un clima general de solidaridad, responsabilidad y trabajo afianzando de igual forma por valores de conciencia ciudadana, de allí que cuando el Estado estimula y crea espacios de participación activa, consciente, libre, representativa, igualitaria, responsable y eficaz, se democratizan las tomas de decisiones y, al mismo tiempo, se desarrollan instituciones con sentido social y de bien común que responden a las necesidades de la población, lo cual es imprescindible que sea tomado en consideración para la propuesta del Plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población de San Francisco de Asís del Municipio Zamora en el estado Aragua, propósito principal de la presente investigación.
• En lo que respecta a la Teoría del Delito, en el discurso desarrollado se hace hincapié que el individuo tiene la capacidad de proponerse diferentes objetivos y de orientar su comportamiento en función de uno de estos fines. Su capacidad esta en relación con las posibilidades que tiene de prever las consecuencias de su acción y del conocimiento que posee respecto a la causalidad. Debe comprender, igualmente, la estructura final del comportamiento. Resulta así necesario, con la finalidad de tener en cuenta el aspecto esencial del comportamiento, establecer al lado del tipo legal objetivo, otro de naturaleza subjetiva. En las infracciones intencionales, la finalidad de la acción -que no es diferente del dolo o intención- constituye el elemento central del tipo subjetivo. Los elementos subjetivos que caracterizan la finalidad de la acción y que eran considerados extraños al tipo legal, se transforman en partes intrínsecas de la tipicidad. Los cambios en el dominio de las infracciones culposas han sido también fundamentales. En la actualidad, el delito es una consecuencia de la convivencia social, que infringe normas legales, en el afán de llegar a obtener la aprobación social, desde el punto de vista económico, y la dirigencia de la misma, como patrón de admiración.
• En este orden de ideas, y para efectos del presente estudio el delito se analizó desde el punto de vista del Derecho Penal, su definición y la ubicación desde la criminalidad. Es necesario conocer los tipos de delito cuya existencia acepta la ley, desde la perspectiva de su realización y su ubicación dentro de la legislación que los prevé y las circunstancias que inciden en su existencia para, de esta manera, desarrollar acciones desde la corresponsabilidad social junto a las autoridades con el propósito de controlarlo y prevenirlo.
• La mayor dificultad que enfrenta la población y sectores que la conforman es la inseguridad. Los residentes reflejan temor a las balas perdidas por los enfrentamientos que a diario ocurren entre bandas, por los robos a mano armada a los residentes atribuidos, según los líderes vecinales, a jóvenes desocupados de la propia comunidad.
• Se evidencian altos índices de criminalidad en la parroquia. Constantemente hay robos a establecimientos comerciales, al ciudadano común, vehículos hurtados, cobro de vacunas, los ajustes de cuentas y los cuerpos policiales tienen niveles de corrupción aún no saneados. Un aspecto importante es la falta de recursos instalados para identificar a los autores de los delitos, junto con el miedo a las represalias por la creencia de que los cuerpos policiales están infiltrados y corrompidos y ello dificulta su accionar. Esa falta de denuncias hace difícil a los que dirigen los cuerpos policiales, tener una real idea de cuál es índice de delincuencia y cómo abordar esa problemática.
• Al caracterizar la corresponsabilidad social como estrategia de seguridad ciudadana, mediante la identificación de sus beneficios, limitaciones y riesgos, es importante mencionar que para la prevención del delito en la zona no hay un cuerpo mancomunado, preventivo y educativo de vigilancia que invite a cumplir las ordenanzas ni por las Comunas ni por medio de los Consejos Comunales ni que incluya a los comerciantes, y demás vecinos. Tampoco ha sido instaurado sistema alguno de identificación y prevención de delitos, controlado por la comunidad organizada, como cámaras, sistemas de alarma, cornetas, pitos, entre otros.
• Los resultados indican que no se invita a un voluntariado vecinal a contrarrestar la delincuencia y a fomentar el respeto a las ordenanzas y cree puntos de atención y educación ciudadana, por medio de folletos, charlas, recolección de ideas, propuestas, incorporación de nuevos voluntarios; no se minimizan las situaciones que puedan propiciar delitos, alcohol, drogas, indigencia, suciedad; no se fomentan actos sociales que permitan hacer vecindad, el saludo, el compartir, que todos los vecinos se conozcan, anden juntos, se protejan, tener como cultura la compañía y minimizar el traslado por las calles en forma solitaria y anónima. Ello genera la necesidad de reforzar una prevención desde lo social, más humana y dirigida a prevenir los factores sociales promotores de la violencia y el conflicto, a través de acciones de integración social y participación directa y real de la comunidad, con la conformación de nuevos agentes de control social, para la resolución de conflictos y el control de la gestión.
• Hoy, más que nunca, se debe tomar en cuenta a la ciudadanía para el éxito y legitimidad de la acción pública, garantizando la participación ciudadana que prevé la Constitución, reactivando e involucrando a la población en los asuntos de seguridad (diseño y evaluación de planes, rendición de cuentas, entre otros) para garantizar soluciones en cuanto a la criminalidad y prevención delictiva se refiere. Finalmente, con base en las necesidades destacadas en el estudio y sus resultados se diseñó un plan de corresponsabilidad comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana en la población San Francisco de Asís del Municipio Zamora en el Estado Aragua.
Con base en los resultados obtenidos y conclusiones respectivas, se recomiendan las siguientes posibles soluciones en manos de las autoridades policiales de la comunidad de San Francisco de Asís:
• Solicitar la creación de un cuerpo de respuesta rápida con varias brigadas motorizadas para el casco central y barriadas de la comunidad; el mismo debe tener contacto directo con el comité de seguridad del consejo comunal.
• Solicitar un punto de vigilancia policial que apoye y resguarde la vida comunitaria de la localidad y coordine con el comité de seguridad.
• Solicitar un plan de formación al Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz que trate: a) de los límites legales del accionar del cuerpo de vigilancia y prevención comunitaria mancomunada, b) Implementación y uso eficiente de cámaras de vigilancia, c) psicología de la prevención, d) cordialidad en la atención al público y, e) leyes, procedimientos, entre otras.
• Solicitar una serie de charlas, mesas de trabajo sobre seguridad comunal a los órganos competentes, policías, bomberos, alcaldía de Zamora, ministerio, entre otros, para formación de la comunidad. Soluciones posibles en manos de la comunidad de San Francisco de Asís:
a. Crear un cuerpo mancomunado de vigilancia, preventivo y educativo, que invite a cumplir las ordenanzas por medio del consejo comunal, con los comerciantes, ciudadanos y demás vecinos.
b. Instalar programas de identificación y prevención de delitos, controlado por la comunidad organizada (cámaras, sistema de alarma, cornetas, entre otros).
c. Llevar estadísticas propias de los delitos cometidos en la comunidad para ser pasado a la comandancia y cuerpos policiales, resguardando la identidad de las victimas hasta que no se solvente la crisis institucional de la policía.
d. Crear brigadas caninas de vecinos, que saquen a pasear sus perros en grupo por zonas y horarios preestablecidos.
• Invitar a un voluntariado vecinal contra la delincuencia y por el respeto a las ordenanzas que periódicamente acompañe a la brigada canina y cree puntos de atención y educación ciudadana, por medio de folletos, charlas, recolección de ideas, propuestas, incorporación de nuevos voluntarios.
• Minimizar las situaciones que puedan propiciar delitos: alcohol, drogas, indigencia, buhonería, entre otras.
• Fomentar los actos sociales que permitan hacer vecindad, el saludo, el compartir, que todos los vecinos se conozcan, anden juntos, se protejan. Y minimizar el traslado por las calles en forma solitaria y anónima.
• Tener siempre preparada la cámara para tomar fotos de eventos sospechosos y un lugar común al que se pueda enviar las evidencias recolectadas y la sospecha para ser procesadas por la contraloría social y el comité de seguridad.
• Abrir un espacio de tiempo y lugar para conformar y reunir al comité de seguridad para avanzar en la construcción de estas medidas y otras que apruebe la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de la comunidad de San Francisco de Asís. Un aspecto a considerar es que la propuesta del Plan integral de corresponsabilidad, convivencia y seguridad ciudadana para la comunidad de San Francisco de Asís en el Municipio Zamora del estado Aragua, deberá contar con la asesoría permanente de la Comandancia, Policía y demás autoridades para su aplicación.
El plan integral de corresponsabilidad, convivencia y seguridad ciudadana en la comunidad de San Francisco de Asís, en el municipio Zamora del estado Aragua, es un conjunto de estrategias trazadas de manera conjunta (autoridades policiales, consejos comunales, vecinos y vecinas, alcaldía de Zamora), para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana de dicho territorio.
Objetivo General:
Garantizar que el plan integral de corresponsabilidad, convivencia y seguridad ciudadana sea exitoso convocando a los diferentes representantes de la comunidad e instituciones comprometidas con la convivencia y seguridad ciudadana de San Francisco de Asís.
Objetivos específicos:
• Concertar los propósitos que en materia de convivencia y seguridad ciudadana se esperan para un determinado periodo y priorizar las problemáticas a intervenir.
• Analizar entre todos, el diagnóstico de convivencia y seguridad de la comunidad de San Francisco de Asís.
• Definir las estrategias que impacten la problemática de la criminalidad en San Francisco de Asís.
Este Plan está fundamentado en los artículos 3 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En relación con la factibilidad financiera, técnica y operativa, se proyecta que sea sustentada en el marco de la co-gestión, integración y participación comunitaria, en la que todos aporten según sus posibilidades. Consientes de las necesidades por las que atraviesa el país, se demanda la atención y cooperación en colectivo para alcanzar los objetivos en función de obtener calidad de vida y cumplir con el discurso constitucional en relación con la seguridad ciudadana. La propuesta, de manera general, se estructura de la siguiente forma:
1. Pasos para formular un Plan Integral de Corresponsabilidad, Convivencia y Seguridad Ciudadana a la Comunidad de San Francisco de Asís en el Municipio Zamora, Estado Aragua.
• Convocatoria a la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
2. Desarrollo.
• Definir propósitos.
• Análisis de Diagnósticos.
• Definición de objetivos.
3. Gerencia del Plan.
• Definición de Gerencia.
• Herramientas para la Gerencia del plan. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Recomendaciones.
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